Edificio y terreno confiscados en la región de Rostov
Edificio y terreno confiscados en la región de Rostov
Moscú confisca bienes de los Testigos de Jehová europeos. Más de cien propiedades en diferentes regiones de Rusia han sido transferidas al Estado en contra del derecho internacional
MoscúEl 31 de julio de 2026, el Tribunal de Distrito de Kuzminki de Moscú satisfizo la demanda de la Fiscalía General y transfirió a propiedad estatal los bienes inmuebles pertenecientes a personas jurídicas de los Testigos de Jehová de siete países europeos. Hasta 2017, miles de creyentes utilizaban estos edificios, que actualmente en su mayoría están abandonados y se encuentran en estado de deterioro.
«Todas las reclamaciones presentadas por el fiscal se refieren al contenido ideológico, no jurídico, de las actividades de los Testigos de Jehová, lo que evidencia un enfoque discriminatorio», comentó el representante de una de las organizaciones religiosas en sus objeciones escritas a la demanda. El fiscal no presentó pruebas de que los bienes en litigio hubieran sido adquiridos ilegalmente o utilizados con fines extremistas.
El tribunal capitalino determinó el destino de 123 edificios de culto en 21 regiones de Rusia. Todos ellos estaban en propiedad de personas jurídicas de creyentes en Finlandia, Dinamarca, Austria, España, Portugal, Países Bajos y Suecia. Cuando en 2017 el Tribunal Supremo prohibió de hecho a los Testigos de Jehová en Rusia, a las entidades jurídicas europeas se les denegó la participación en el proceso, alegando que sus derechos supuestamente no se veían afectados. Ahora, nueve años después, la Fiscalía General logró confiscar sus propiedades. El valor catastral de lo expropiado es de unos 415 millones de rublos (aproximadamente 4,7 millones de euros); según la estimación del demandado, el valor de mercado es varias veces superior.
En junio de 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció que la liquidación de las personas jurídicas de los Testigos de Jehová en Rusia y la confiscación de sus bienes constituyeron una violación de derechos humanos fundamentales. Según esa decisión, el Estado está obligado a devolver lo expropiado o compensar su valor. La decisión actual del tribunal de Moscú contradice directamente la resolución del TEDH.
